El Real Decreto 11/2018, y la Ley 10/201o regula la Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC y FT). El compromiso con el Blanqueo de Capitales también está vinculado con la Responsabilidad Social (como Forética, Memoria GRI, SMETA, Información no financiera) o como parte del Corporate Compliance.
¿Qué implica la Prevención del blanqueo de capitales?
Entre otras cosas, implica:
- Tener un canal de denuncias, tanto público como interno. En él se podrán denunciar conductas contrarias a la ley o a algún procedimiento interno marcado en el Manual de PBC y FT. Está vinculado con la Responsabilidad Social y el Corporate Compliance. Además, se deben facilitar las denuncias anónimas.
- Las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes. Quedan sujetas a determinadas obligaciones respecto a aquellas transacciones en las que los cobros o pagos realizados por personas físicas no residentes y cuyo importe sea superior a 10.000 €.
- La inscripción de los abogados en el Registro Mercantil, previo inicio de sus actividades. Cuando presten por cuenta de terceros alguno de los siguientes servicios: «constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros del consejo de administración de socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza estas funciones, también facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa, además de otros servicios afines.»
Hay varios colectivos que deben cumplir de forma escrupulosa con esta normativa. No hacerlo incurriría en sanciones de gran cuantía. Algunos de estos colectivos son las Entidades de crédito, aseguradoras, empresas de servicios de inversión, entidades de pago y dinero electrónico, joyerías, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, notarios, entre otros.
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